miércoles, 12 de junio de 2013

DESPLAZAMIENTO FORZADO
Hay cerca de un millón de indígenas en Colombia, pertenecientes a más de 80 grupos indoamericanos diferentes, con más de 60 lenguas distintas. Casi todos ellos han sido víctimas del desplazamiento forzado o han sido amenazados como resultado del conflicto armado interno. De acuerdo con la Organización Nacional Indígena de Colombia, 18 de los grupos más pequeños están en riesgo de desaparecer totalmente.
 Como muchos colombianos, frecuentemente los pueblos indígenas no tienen más opciones que abandonar sus tierras para escapar de la violencia. El desplazamiento forzado es especialmente trágico para ellos pues tienen vínculos muy profundos con su territorio ancestral. En la mayoría de los casos su economía, su supervivencia cultural y social depende de mantener este vínculo con vida.
CIFRAS
Cada año, un promedio entre 10.000 y 20.000 indígenas son registrados por las autoridades nacionales después de ser forzados a huir de sus tierras. La ONIC calcula que las cifras pueden ser mayores teniendo en cuenta que muchos indígenas no tienen acceso al registro, debido a la lejanía de sus tierras o porque no hablan español y no conocen el sistema nacional de registro.

 
DESNUTRICIÓN
Entre la población indígena de Colombia se presenta una de las más altas tasas de mortalidad infantil en el mundo. Un promedio de 250 de cada mil niños en las comunidades Paeces en el Cauca, Awá Kwaikeres en Nariño y Emberá en Antioquía fallecen antes de los 6 años de edad.
La principal causa de mortalidad infantil es la desnutrición, lo que hace a los niños mucho más vulnerables a cualquier tipo de enfermedad. Los miembros de estas comunidades tienen pocas defensas en sus organismos para combatir la tuberculosis, sarampión, viruela, tosferina y enfermedades infecciosas y parasitarias.

 Además, los chamanes, médicos en su población, no tienen la sabiduría necesaria para tratar las nuevas enfermedades, de origen "blanco".
La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) presentó un informe alarmante el 14 de marzo de 2013, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA sobre la situación que grupos indígenas enfrentan debido a la violencia, el desplazamiento, la discriminación, la pobreza y el abandono institucional por parte del gobierno colombiano. El informe destaca la situación crítica de más de 66 grupos indígenas que enfrentan el exterminio físico y cultural, muchos de los cuales tienen una población de menos de 500 personas. Su vida se ve afectada por las operaciones militares y las concesiones mineras en sus territorios, que en algunos casos totaliza el 54 por ciento de una reserva indígena.
PROBLEMAS FUNDAMENTALES QUE AFECTAN A LOS PUEBLOS INDÍGENAS

La pérdida de los territorios, y del dominio territorial de muchas extensiones de sus tierras de manos de personas no indígenas, es el problema vital de estas comunidades.
Pero como un verdadero corolario de esta situación, se presentan asimismo problemáticas conexas, tales como la implantación de sistemas educativos, de esquemas ideológico-políticos, etc. Todo lo cual redunda en la pérdida de la identidad cultural.
Hoy los indígenas sufren problemas de toda índole, que afectan directamente su concepción del mundo. Sus prácticas tradicionales siguen siendo negadas, cuando no perseguidas, como es el caso de la medicina tradicional, las creencias religiosas autóctonas, y las costumbres sociales.

Si bien en algunos pocos flancos se advierten signos de mayor tolerancia por parte de los representantes de la sociedad dominante (autoridades administrativas, funcionarios judiciales, etc.) hacia las costumbres de estos pueblos, en general se mantiene el trato integracionista como característica de las relaciones indígenas-no indígenas, o indígenas-instituciones de la sociedad no indígena.

LA TIERRA:
En general, las comunidades indígenas sufren el flagelo de las usurpaciones por parte de personas individuales, grupos o grandes empresas.
La legislación vigente ha mostrado su ineficiencia en la resolución de este tipo de asuntos, y las autoridades nacionales no se han interesado en procurar soluciones reales y estables a la problemática.
Situaciones inconcebibles ejemplifican muy bien el papel de la ley en la resolución de este tipo de situaciones relacionadas con los derechos territoriales. Así se puede enunciar el caso de que desde el año 1977 la Ley indígena dispuso que las tierras que fueron declaradas Reservas Indígenas que se mantenían inscritas a nombre del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) debían ser traspasadas a las propias comunidades indígenas (artículo 9 Ley indígena), y aún hoy tales traspasos no se han efectuado.
Pero en esta misma línea, pese a que la Ley Indígena enseña en su propio numeral 5, que en caso de que existan usurpaciones contra las tierras indígenas, la autoridad administrativa estarán en la obligación de erradicar este quebranto, actualmente muchas de las reservas indígenas mantienen en sus jurisdicciones hasta un 80% de sus áreas en posesión de personas no indígenas.
Cuando la Ley Indígena consagró que este tipo de propiedad se regiría por una forma de titularidad comunal y posesión individual (artículo 3 Ley indígena), se dispusieron normativas que pretendían crear sistemas de financiamiento en favor de los indígenas, pero esta circunstancia nunca se dio, por ello actualmente muchos indígenas recurren a la venta de sus tierras a personas no indígenas por razones económicas.
También cabe citar que en virtud de razones constitucionales, en muchos casos la ley previó (artículo 5 Ley indígena) que las personas no indígenas que tuvieran propiedades inscritas en estas zonas, o que fueran "poseedores de buena fe" en las mismas, serían indemnizados para efectos de dejar estas áreas como tierras de uso exclusivo para los indígenas, sin embargo el fondo que en la ley se fijó nunca fue girado en su totalidad en los períodos que la normativa indicaba.
Como se puede inferir, en lo que respecta al asunto de la tenencia y disposición de la tierra, en el sistema jurídico nacional no existe normativa que tutele efectivamente el derecho de los indígenas, y no hay voluntad política de parte de las autoridades de hacer cumplir las disposiciones jurídicas relacionadas con esta realidad.